Los administradores de fincas exigen a los bancos que paguen sus cuotas comunitarias

Actualmente existe un grado de, “preocupación por la creciente morosidad que las entidades financieras españolas están adquiriendo con las Comunidades de Propietarios“.

Como consecuencia de la crisis financiera y del sector inmobiliario, un ingente número de promotoras, constructoras y en menor medida, familias, no han podido hacer frente al pago de su deuda hipotecaria, razón por la que las entidades financieras, tras los desahucios ejecutados, pasan a ser propietarios de un elevado número de inmuebles, en especial, viviendas y locales.

La situación crítica de algunas de estas entidades, junto con las enormes dificultades que tienen para hacer frente a la gestión de estos activos, “provocan que no estén cumpliendo, puntualmente, con sus obligaciones económicas con la Comunidad de Propietarios“.

Según datos actuales, este incumplimiento conlleva ingentes problemas económicos para los vecinos de esos inmuebles, que tienen que ver aumentadas sus cuotas comunitarias para afrontar el impago que originan el resto de las viviendas y locales con su morosidad. Los administradores de fincas colegiados están percibiendo en éste un sangrante problema económico, que conlleva la posibilidad muy real del deterioro de un edificio porque sus vecinos no pueden asumir el coste de los recibos que dejan de abonar dichas entidades.

Además del efecto tan negativo, a nivel económico, que estas deudas producen en las finanzas de la Comunidad de Propietarios, se percibe un malestar que esta situación está generando entre el resto de los propietarios. Hay que tener en cuenta que, en numerosas ocasiones, han visto desahuciar de estas viviendas, precisamente por falta de pago, a sus vecinos de toda la vida y son personas con cuyo esfuerzo económico han ayudado, muchas veces, a reflotar estas entidades con problemas, las cuales son las que ahora no cumplen con sus obligaciones.

Esta nueva situación, en la que se está acumulando la deuda de los bancos hacia las Comunidades, puede poner en peligro tanto por los aspectos económicos como por los referidos problemas de convivencia que se están produciendo, y que en la práctica complican, notablemente, lograr la necesaria renovación de los presupuestos, los acuerdos para realización de las obras y, en definitiva, el desarrollo normal de la actividad de las Comunidades de Propietarios.